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Luego de varias horas en silencio, la titular de la Fiscalía, Patricia Benavides, brindó un pronunciamiento público en el que descartó renunciar al cargo, pese a las acusaciones de presuntamente liderar una organización criminal, y anunció una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
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Rodeada de fiscales provinciales y solo dos superiores, sostuvo que la institución que lidera “ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a luchar contra la impunidad y corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”.
“Pese a ello, el despacho de la Fiscal viene dando todas las facilidades al equipo de fiscales contra la corrupción a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas”, mencionó.
En lugar de ahondar y brindar explicaciones sobre los graves chats de su exasesor principal Jaime Villanueva, en donde pacta importantes votaciones al interior del Congreso de la República, deslizó que todo se trata de una represalia por la “investigación de casos de máxima relevancia en lo que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia”.
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Incluso, aseguró que la fiscal Marita Barreto, a quien destituyó en la madrugada, es utilizada por quienes “no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento”.
“No permitiré que esa presión dañe e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, agregó.
En ese sentido, y con gran sorpresa ante las constantes ampliaciones de la investigación, anunció la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros del Interior por las muertes y agresiones durante las protestas antigubernamentales.
“No se debe permitir la muerte de ningún peruano y el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y la ley”, sentenció.
Esta es la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola
¿De qué delitos se acusa a la presidenta y ministros?
En el documento, la fiscal de la Nación concluye que la mandataria es autora de homicidio calificado en agravio de Christopher Michael Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Flores Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, y de lesiones graves contra Renato Murillo Reyes.
Mientras que al premier se le acusa, en su condición de ministro de Defensa, ser autor del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra.
En el caso de los exministros del Interior, a César Cevantes se le acusa de presunto autor del delito de lesiones graves en agravio de Renato Murillo Reyes; Víctor Rojas como autor de homicidio calificado en agravio de Rosalino Florez Valverde y Vicente Romero, recientemente censurado, de ser autor del delito de homicidio calificado contra Sonia Aguilar y Víctor Raúl Santisteban.
Cabe mencionar que, de acuerdo al documento, el General Víctor Zanabria, exjefe policial de Lima, señaló que la presidenta nunca dio directivas para asegurar la vida e integridad de los ciudadanos que protestaban.
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¿Qué sigue tras la presentación de la denuncia?
De acuerdo al reglamento del Congreso, la denuncia será derivada inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la cual se encargará de “calificar la admisibilidad y procedencia en un plazo máximo de 10 días hábiles”.
De aprobarse, la denuncia pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas, después de los 10 días de evaluación en la subcomisión. Si procede en dicha instancia, regresa a la subcomisión para designar al delegado y recoger los testimonios y pruebas que sustenten la denuncia antes de continuar su curso hasta el pleno del Congreso.
Una vez que llega al pleno se necesita del respaldo de 66 legisladores para ser aprobada. Si esto ocurre, se remite el caso a la Fiscalía de la Nación. Si no alcanza los votos, la denuncia se archiva.