Dina Boluarte insiste en negar el uso de armas
En reiteradas ocasiones, desde que se registraron las primeras muertes en las protestas, la presidenta Dina Boluarte ha negado tajantemente que las fuerzas del orden utilicen armas de fuego para reprimir a los manifestantes. Incluso ahora, tras más de 50 días de protestas, y a pesar de las evidencias que muestran los informes balísticos y las imágenes de video continúa señalando que no se puede decir que los disparos provengan de la policía y los militares.
En un inicio, tras los hechos en Apurímac, aseguró el 13 de diciembre que “había dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna arma letal, ni siquiera perdigones de goma”.
“Las indicaciones fueron que si hay violencia pueden usar las bombas lacrimógenas de manera disuasiva, ni siquiera usen lo que está permitido por ley, los perdigones de goma, que no son letales pero sí pueden causar impacto, ni siquiera usen eso; esas fueron mis indicaciones. Y no solo una vez, yo me comuniqué con los ministros para que en cualquier momento se salvaguardara la integridad física de todas las personas”, repitió la mandataria el pasado 2 de enero, cuando ya se registraban 22 fallecidos, y a pesar de que decenas de videos grabados por vecinos y manifestantes exponían el uso de armas letales.
A PESAR DE LOS VIDEOS Y PERITAJES BALÍSTICOS, BOLUARTE HA ASEGURADO QUE EL EJÉRCITO Y FUERZAS ARMADAS NO TIENEN CONTACTO CON LA POBLACIÓN.
A pesar de que los protocolos de necropsias e informes balísticos –como los detallados en este reportaje– concluyen muertes por uso de fusiles de guerra como HK o Galil, la mandataria continúa diciendo que se debe investigar la procedencia de las armas, e incluso acusó a los mismos manifestantes de matarse entre sí.
Sobre las muertes en Juliaca, dijo que a la zona llegaron más de 7.000 personas cargadas de huaracas, de herramientas artesanales letales, y que unas armas denominadas ‘dum dum’ serían las que provocaron las muertes. Sin embargo, ninguno de los peritajes e informes hasta ahora muestran alguna evidencia de ello.
También pese a los videos y peritajes que exponen lo contrario, Boluarte ha asegurado que el Ejército y Fuerzas Armadas no tienen contacto con la población.
Sin embargo, además de las imágenes registradas en videos, los testimonios de familiares y otros manifestantes la contradicen. “Yo he visto los documentos de necropsia que indican que mi esposo ha sido asesinado por arma de fuego. ¿Por qué ella dice que no fue reprimido por los militares? Si yo he sido testigo, yo fui ese día a buscar a mi esposo al aeropuerto, he visto cómo los militares han disparado y matado a las personas (...) Las personas no han muerto con perdigones ni con bomba lacrimógena”, dijo a OjoPúblico Ruth Barcena, viuda de David Huancca y presidenta de la Asociación de familiares de víctimas del 15 de diciembre en Ayacucho.
NEGATIVA. Respuesta de las Fuerzas Armadas a OjoPúblico en la que se niegan la entrega de información sobre lo ocurrido en Ayacucho.
Once investigaciones en marcha
El último jueves 26 de enero, el Ministerio Público informó que abrió 11 investigaciones fiscales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, para determinar a los responsables de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones que se desarrollan en el país contra el gobierno y el Congreso.
El Ministerio Público aún no ha presentado una denuncia formal. Las investigaciones se están realizando de acuerdo a las denuncias presentadas por diversos colectivos de abogados. A pesar de tratarse de diferentes procesos, Gloria Cano señaló que en algún momento los casos podrían acumularse.
Una de estas investigaciones es contra la presidenta de la República Dina Boluarte es tipificado por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves". Esta denuncia recae también sobre el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como a los ministros de Interior y Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez.
“Mi análisis es que no hay genocidio, pero si ejecución extrajudicial. Como no hay ese tipo penal en el Código Penal, debe investigarse y judicializarse por asesinato”, precisa Cano.
La abogada también señaló que durante las investigaciones se están presentando obstáculos en el acceso a la información, ya que no se ha dado respuesta a los pedidos fiscales, sobre todo en Ayacucho, sobre el plan de operaciones, la asignación de armamento, entre otros.
OjoPúblico solicitó información a las FF.AA sobre la estrategia y planes de operaciones y otros documentos que sustenten sus acciones frente a los manifestantes, pero negaron estos datos argumentando que esa información “se encuentra prevista dentro de las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública” por su carácter confidencial.
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